Publicado el: 11/07/20223.8 min de lectura

Hoy en día, si Envol Vert cuenta con 2 proyectos en Francia, se involucra también en 2 programas en Colombia y 3 en Perú. De hecho, su anclaje en el continente suramericano es muy fuerte y eso desde la creación de la organización en 2011. Así, las actualidades políticas sobre el tema ambiental en latinoamérica representan un interés cierto. Estas últimas semanas fue el acuerdo de Escazú que llamó nuestra atención. Le presentamos de qué se trata:

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, fue adoptado en Escazú (República de Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Tiene por objetivo combatir la discriminación y la desigualdad y garantizar el derecho de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, con especial atención a las personas y colectivos vulnerables, situando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.

Leer el acuerdo

Si 25 países firmaron ya el acuerdo, los que realmente lo ratificaron son :

  • Antigua y Barbuda,
  • Argentina,
  • Bolivia,
  • Ecuador,
  • Guyana,
  • México,
  • Nicaragua,
  • Panamá,
  • San Vicente y Granadinas,
  • Saint Kitts y Nevis,
  • Santa Lucía
  • Uruguay.

Sin embargo, los países en los cuales trabajamos, Perú y Colombia, no han ratificado el acuerdo.

Siendo unos de los países con una biodiversidad inmensa como unos con alto número de conflictos socio-ambientales, amenazas y asesinatos a defensores indígenas, este acuerdo les hubiera permitido construir una agenda para consolidar la justicia ambiental, el acceso a la información, así como la transparencia.

En el Perú el debate del Acuerdo de Escazú inicia el 27 de septiembre de 2018 mediante Resolución Suprema 183-2018-R en el que se delegaron facultades al ministerio del Ambiente para que pueda suscribir el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como el Acuerdo de Escazú. El 5 de agosto de 2019 el Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema 123-2019-RE, envió el expediente técnico del Acuerdo de Escazú al Congreso de la República para su aprobación. En la Comisión de Relaciones Exteriores se realizaron un total de 26 sesiones de debate en el que participaron la sociedad civil, expertos en el tema, gremios empresariales y la academia. En el cual acordaron por unanimidad archivar el Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE el 20 de octubre de 2020. Las conclusiones a los que llegó esta comisión fue que podría afectar el modelo de desarrollo sostenible en el Perú y el principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales.

Sin embargo, sus implicancias al no encontrarse en la legislación peruana permiten que el impacto de las actividades antropogénicas como la deforestación por tala y minería ilegal, derrame de petróleo, vulneración de derechos ambientales, entre otros, queden impunes y las personas afectadas no puedan ser partícipe de forma legítima en la toma de decisiones y la justicia ambiental, puesto que no cuentan con información entendible, actualizada y ordenada. Su implementación brindará un marco normativo importante en la administración de la justicia ambiental a fin de prevenir y advertir escenarios que podrían afectar el ambiente. Así, a pesar de la congelación de la ratificación por el momento, la sociedad civil sigue movilizándose y pidiendo “Escazú  Ya”.

Hoy en día, si Envol Vert cuenta con 2 proyectos en Francia, se involucra también en 2 programas en Colombia y 3 en Perú. De hecho, su anclaje en el continente suramericano es muy fuerte y eso desde la creación de la organización en 2011. Así, las actualidades políticas sobre el tema ambiental en latinoamérica representan un interés cierto. Estas últimas semanas fue el acuerdo de Escazú que llamó nuestra atención. Le presentamos de qué se trata:

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, fue adoptado en Escazú (República de Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Tiene por objetivo combatir la discriminación y la desigualdad y garantizar el derecho de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, con especial atención a las personas y colectivos vulnerables, situando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.

Leer el acuerdo

Si 25 países firmaron ya el acuerdo, los que realmente lo ratificaron son :

  • Antigua y Barbuda,
  • Argentina,
  • Bolivia,
  • Ecuador,
  • Guyana,
  • México,
  • Nicaragua,
  • Panamá,
  • San Vicente y Granadinas,
  • Saint Kitts y Nevis,
  • Santa Lucía
  • Uruguay.

Sin embargo, los países en los cuales trabajamos, Perú y Colombia, no han ratificado el acuerdo.

Siendo unos de los países con una biodiversidad inmensa como unos con alto número de conflictos socio-ambientales, amenazas y asesinatos a defensores indígenas, este acuerdo les hubiera permitido construir una agenda para consolidar la justicia ambiental, el acceso a la información, así como la transparencia.

En el Perú el debate del Acuerdo de Escazú inicia el 27 de septiembre de 2018 mediante Resolución Suprema 183-2018-R en el que se delegaron facultades al ministerio del Ambiente para que pueda suscribir el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como el Acuerdo de Escazú. El 5 de agosto de 2019 el Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema 123-2019-RE, envió el expediente técnico del Acuerdo de Escazú al Congreso de la República para su aprobación. En la Comisión de Relaciones Exteriores se realizaron un total de 26 sesiones de debate en el que participaron la sociedad civil, expertos en el tema, gremios empresariales y la academia. En el cual acordaron por unanimidad archivar el Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE el 20 de octubre de 2020. Las conclusiones a los que llegó esta comisión fue que podría afectar el modelo de desarrollo sostenible en el Perú y el principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales.

Sin embargo, sus implicancias al no encontrarse en la legislación peruana permiten que el impacto de las actividades antropogénicas como la deforestación por tala y minería ilegal, derrame de petróleo, vulneración de derechos ambientales, entre otros, queden impunes y las personas afectadas no puedan ser partícipe de forma legítima en la toma de decisiones y la justicia ambiental, puesto que no cuentan con información entendible, actualizada y ordenada. Su implementación brindará un marco normativo importante en la administración de la justicia ambiental a fin de prevenir y advertir escenarios que podrían afectar el ambiente. Así, a pesar de la congelación de la ratificación por el momento, la sociedad civil sigue movilizándose y pidiendo “Escazú  Ya”.

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